TULUA - Desde el pasado 24 de enero del año 2012, fue sancionada la ley 1510 que autoriza la emisión de la Estampilla Pro Desarrollo de la Unidad Central del Valle del Cauca, la cual busca recaudar recursos hasta por cien mil millones de pesos en un lapso de 10 años, los cuales se deberán destinar para inversión en la Institución, pero a hoy, 15 meses después, el cobro de esta estampilla sigue con “enredos jurídicos”.
La razón en esta ocasión obedece a que el Acuerdo Municipal que aprobó el Concejo de Tuluá para la implementación de la misma, quedó mal hecho y en consecuencia no se puede adelantar dicho cobro.
Las razones expuestas en su momento por los Concejales Denny Osorio Villada, Rodrigo García Monsalve y Llener Darío Borja, quienes votaron negativo la aprobación de la iniciativa resultaron ciertas.
“En su momento solicitamos aplazar la aprobación porque vimos que dentro del proyecto hacían falta cosas que son fundamentales, se debía cumplir con requisitos como determinar los sujetos pasivos y activos, establecer qué es lo que se va a gravar y la tarifa”, sostuvo el Concejal Llener Dario Borja, tras señalar que esto conlleva a modificar el Estatuto Tributario Municipal y hasta la fecha tampoco se ha hecho, por lo que no se puede adelantar el cobro de la estampilla.
Aseguró además que la Ordenanza Departamental que reglamenta esta estampilla, establece en sus artículos 2 y 3, la expedición física de la misma, con las características que ya están definidas; pero el rector de la Unidad Central del Valle, Jairo Gutiérrez Obando, no la ha mandado hacer. Esta negligencia del Rector, a juicio de los entendidos, imposibilita también el proceso, porque se necesita entregar en forma física como lo ordena la Ley.
.jpg)
