18.3.13

Desplazados de Tuluá, se sienten amenazados por el Secretario de Gobierno

Redacción Tuluá
El Periódico

Las familias afectadas por el desplazamiento forzado en la región, entre 1999 y 2001, todavía no logran salir del infierno generado por esta acción criminal que convirtió a Tuluá en la tercera ciudad del País con mayor número de víctimas de la violencia.
Varios  de ellos se ven a diario recorriendo las oficinas del Estado, tratando de tener una respuesta exacta de cuándo les corresponderá la reparación integral de la que tanto habla la ley.  La Secretaría de Gobierno, la Personería, el CDV, La Casa de Justicia,  son para ellos, dependencias que se saben de memoria  e incluso, las respuestas que entregan en cada una de ellas.  
Pero sin duda, el mayor drama por estos días lo viven 14 familias que habitan  el predio denominado “La rayadora de yuca”, a donde llegaron hace 13 años, con la complacencia del Municipio, que compró el terreno para adelantar procesos de reubicación,  pero de donde ahora los quieren desplazar sin mediar un programa de reubicación. 
“Vivimos en una constante zozobra e incertidumbre, no sabemos a qué hora va a llegar el Secretario de Gobierno, John Jairo Gómez,  con el Grupo SMAT de la Policía a sacarnos de aquí, a donde nos trajo el mismo gobierno, nos sentimos amenazados constantemente por el anuncio de desalojo de este funcionario”, manifiesta Flor María Ríos, una mujer que refleja en su rostro el dolor que causa el desarraigo de su tierra Puerto Frazadas.  Y no es para menos, en constantes entrevistas radiales y de televisión el Secretario de Gobierno, John Jairo Gómez, les manda el mensaje contundente: “Vamos a desalojar a las 12 familias que hay en la “rayadora de yuca” y vía telefónica esta semana  le comunicó a una de las personas que residen allí, que todo estaba listo para adelantar el desalojo después de semana santa. 
Las  familias que allí residen y  que quedaron por fuera del proceso de reubicación que en su momento hizo el Municipio, manifiestan haber vivido la mayor parte de sus vidas por fuera o al margen de las lógicas de la guerra, pero bajo circunstancias no esperadas ni deseadas, observan como sus biografías son marcadas abruptamente por el destierro, primero por las AUC y ahora por el Estado. 
Esa pérdida de morada, o ese despojo a través del miedo y el terror generalizado al cual se somete al individuo, y que está atravesado por la desterritorialización, vuelve a aparecer en sus vidas.
Para ellos la estadía en este lugar es su única alternativa, aunque no les llena las  expectativas vitales. Las familias “viven”  en condiciones infrahumanas, sus  casas, en su mayoría pequeñas edificaciones impregnadas de teja, cartón y esterilla, que hace más evidente la «desnudez social» que les ha producido el evento del desplazamiento. De todas formas y pese a la resistencia a vivir en tales espacios, las circunstancias de precariedad laboral terminan haciéndolos ceder, y quedándose allí, como lo único que después de 13 años de desplazamiento han vuelto a tener.  A lo largo de este periodo de tiempo en el que han permanecido en la rayadora, han creado un escenario de vida. Algunos de los jóvenes que llegaron ya han formado entre ellos mismos nuevos hogares, y por eso no es raro ver niños recién nacidos o de temprana de edad, que nacieron en este sitio, el albergue para los desplazados. 
El Secretario de Gobierno Jhon Jairo Gómez, justifica el eventual desalojo argumentando que este terreno tiene una extensión de 9.516 metros cuadrados y la Alcaldía está reforzando la presencia institucional, y tiene dentro de sus prioridades adelantar la construcción a futuro de un Centro  de Desarrollo Infantil Temprano. 
Pero en un comunicado fechado el 19 de Febrero de este año, Camilo Rojas Leal, Coordinador Grupo de Desplazamiento Forzado y Refugio, le recuerda al funcionario local que “para que haya desalojo debe previamente la administración garantizar el derecho de reubicación con una vivienda digna, conexo a ello la atención de los hogares con la inclusión de los mismos programas de generación de ingresos a través de proyectos productivos o programas de empleabilidad”. 
El tema para las 14 familias desplazadas es inquietante y por eso han convocado a las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos y de la Procuraduría Provincial de Buga para que hagan control preventivo en este caso.