Redacción TuluáEl Periódico
Desde la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA, le siguen formulando críticas y comentarios irrespetuosos al Gobernador del Valle, Ubeimar Delgado, y según varios ciudadanos bajo la anuencia del propio rector Jairo Gutiérrez.
El último en hacerlo fue el poeta Omar Ortiz, quien puso a circular por las redes sociales un artículo en donde dice recoger las versiones de las lengua viperina de algunos tulueños que señalan que el mandatario seccional busca construir un colegio es dizque para validar el bachillerato. En el mismo artículo, el alto funcionario de la Uceva, quien además es abogado, advirtió que la gobernación debe pagar a la Uceva las mejoras y el cuidado que ha tenido sobre el predio en el tiempo relacionado y que se pueden tasar en cuatro mil millones de pesos, si quiere utilizar dicho predio, que la misma Gobernación le entregó en comodato.
El artículo en mención plantea lo siguiente: “Resulta paradójico que siendo Rodrigo Lloreda uno de los gestores de la Uceva, hoy su hijo Francisco y sus subalternos conservadores quieran afanosamente desvertebrarla. No tiene presentación que el gobernador del Valle, luego de comprometerse públicamente en el Concejo de Tuluá a respetar el predio donde funciona la Granja Agrostológica, donde estudian más de ochenta estudiantes una Tecnología Agroambiental, única en su especialidad, le arme al rector de la institución una encerrona con concejales, alcalde y asesor de seguridad de la presidencia a bordo. Ahora salen con el cuento que lo que se va a construir no es una cárcel para menores delincuentes sino un colegio, que según la lengua viperina de algunos tulueños es dizque para que el señor gobernador valide el bachillerato.
Pero ocurre que jurídicamente la gobernación no puede disponer de dicho inmueble, por la sencilla razón de que no es suyo. Y como no es suyo mal pudo constituir sobre el mismo un comodato. Lo que efectivamente hizo fue ceder la posesión que tenía sobre el bien a la Uceva, posesión que la Universidad tiene de manera pública y con ánimo de señora y dueña desde hace doce años. Para echar para atrás la posesión del predio quedan entonces dos caminos: la vía del arreglo directo entre las partes y en ese caso la gobernación debe pagar a la Uceva las mejoras y el cuidado que ha tenido sobre el predio en el tiempo relacionado y que se pueden tasar en cuatro mil millones de pesos; o la vía de un proceso por restablecimiento del derecho en el Contencioso Administrativo que puede durar más o menos la friolera de unos diez años.
Sin duda, le sale mejor al señor gobernador y a la fracción lloredista del partido conservador buscar otro terreno que no tenga los inconvenientes del lote que pretenden desmembrar de la granja y que además se adecue a los lineamientos de la Ley 388 de 1997 que expresamente prohíbe construir centros carcelarios colindantes con sectores residenciales, como es el caso presente, ya que dicha correccional quedaría lindando con la Urbanización Bosques de Maracaibo, si es que los vecinos de Bosques toleran el engendro.
Un avezado ciudadano que maneja un taxi en la ciudad, me dijo el pasado sábado, -”profe, hay que preguntarle al gobernador del Valle, ¿cuál es el negocio, socio?”- mandado que gustosamente hago.
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