Redacción Tuluá
El Periódico
La Contraloría del Valle encontró siete presuntos hallazgos fiscales y dos penales en la Personería Municipal de Tuluá, a cargo de la abogada Beatriz Eugenia Jiménez González, tras una investigación realizada en ese despacho los días 20, 21, 26, y 27 de Diciembre del año pasado, según conoció de manera exclusiva El Periódico.
Señala el informe, que conforme al análisis contractual se estableció que adelantó varios contratos utilizando la modalidad de selección directa, cuando debió aplicar la modalidad de selección abreviada.
Además en cinco de ellos, la interventoría de estos contratos fue realizada por la misma contratante Beatriz Eugenia Jiménez González, y se encuentra vinculada al proceso contractual como interventora y supervisora, cuestión por la cual actuó como juez y parte, aplicando de manera errónea el estatuto anticorrupción.
La Contraloría determinó que dos contratos ejecutados por la Personaría iban en contravía del objeto misional de esta institución; uno hecho para el cuidado, mantenimiento y limpieza de la zona verde del Barrio Alvernia; y el otro de prestación de servicios profesionales para desarrollar actividades de capacitación, orientada a las Juntas de Acción Comunal, violando 18 artículos del Código Disciplinario.
Detrimento patrimonial
Según el informe de la Contraloría Departamental del Valle, encontró en seis contratos un presunto detrimento patrimonial. En el primero de las casos se relaciona con el contrato para el cuidado y mantenimiento de la zona verde del parque del Barrio Alvernia, cuyo contratista el señor Paulo Cristian Rodríguez Martínez, dijo ante el ente investigador, que el contrato había durado cinco días y no ocho como decía, tras precisar que le pagaron un millón quinientos mil pesos y no le hablaron del valor del contrato que aparece firmado por siete millones quinientos mil pesos, por ende se expresa un presunto detrimento por valor de seis millones de pesos.
El segundo caso tiene que ver con un contrato cuyo objeto era la asesoría, capacitación y acompañamiento en el diseño, elaboración e implementación de planes, programas y políticas, inherente a la ley de víctimas, por valor de 14 millones de pesos para ejecutar en un mes y quince días, pero la Contraloría mediante el análisis del contrato pudo constatar con las planillas de asistencias de la población beneficiada que quienes aparecen allí no tenían conocimiento de esta capacitación y el resto de las personas que aparecen recibiendo la capacitación, sus teléfonos de contacto no estaban en uso; sólo una persona contestó que si había asistido a una capacitación, pero con el Minuto de Dios y la Red Unidos, pero que no había escuchado de la Personería. Por lo tanto el ente investigador concluyó que hay un supuesto detrimento en el patrimonio público por el incumplimiento del objeto contractual.
En relación al tercer y cuarto contrato suscrito el 4 de mayo y el 29 de Junio del 2012 con una misma contratista, la profesional Luz Bibiana Hurtado Ríos, el primero para capacitación en cuanto al mejoramiento de la convivencia intrafamiliar y comunitaria y al desarrollo psicosocial de niños, niñas y jóvenes del Municipio de Tuluá; y el segundo para adelantar una capacitación en cuanto al manejo de sustancias psicoactivas y al desarrollo psicosocial en dos instituciones educativas, por valor cada uno de 14 millones de pesos; la Contraloría dijo que no encontró las actividades realizadas, ni los soportes fotográficos, documentales que comprueben que se haya realizado a cabalidad el cumplimiento del presente contrato; y en relación al segundo, señaló que no se observa la realización de capacitación a los niños, niñas y jóvenes de las Instituciones Educativas para las cuales se contrató, generándose en ambos casos un presunto detrimento patrimonial.
“El quinto contrato en donde al parecer hubo irregularidades, fue ejecutado con Jhon Freddy Posso Moreno, el mismo contratista del segundo contrato cuestionado en este informe: En esta ocasión, para la construcción del Plan de acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Municipio de Tuluá, el cual no se ejecutó acorde con los parámetros establecidos en la propuesta del contratista y no se evidenciaron soportes para la realización de este plan”, precisó la Contraloría.
Un último contrato cuestionado tiene que ver con la capacitación a las Juntas Comunales suscrito con Juan Carlos Castro Baños, por cinco millones de pesos, en donde la Contraloría al revisar las planillas de asistencia y llamar a varias personas que allí aparecen, manifestaron no haber asistido y no tener amplio conocimiento del tema, con excepción de dos personas que manifestaron haber estado en una charla y no en cuatro como lo aseguró el contratista.
En total, se evidenció el incumplimiento del objeto contractual y el presunto detrimento patrimonial por valor de sesenta y siete millones de pesos
Hay más…
De otra parte, analizando este panorama de responsabilidad fiscal por parte de la Personera Municipal de Tuluá, en el proceso contractual, se tiene la presunción de la existencia del cobro de viáticos exagerados, incluso sin asistir a las capacitaciones o reuniones que supuestamente originaron estos gastos. Por tal razón, la Contraloría señaló que se presenta un presunto detrimento patrimonial cuantificado por valor de doce millones setecientos mil pesos.
Los presuntos hallazgos con alcance Penal, Fiscal y Disciplinarios, serán trasladados a las instancias respectivas tales como la Fiscalía 28 Seccional Tuluá, Procuraduría Provincial de Buga y la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales de la Contraloría Departamental del Valle, se anunció.
Hay que resaltar que la Fiscalía 28 Seccional de Tuluá, adelanta un proceso en contra de la señora Beatriz González Jiménez, desde el pasado miércoles 19 de Diciembre y en la actualidad permanece recluida en la Cárcel de esta ciudad por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y celebración indebida de contratos, hechos relacionados con el contrato para el cuidado y mantenimiento de la zona verde del parque del Barrio Alvernia.
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