Redacción Tuluá
El Periódico
Ayer viernes, la Unidad de Restitución de Tierras hizo presencia en el corregimiento de Puerto Frazadas, para hacer entrega protocolaria de predios con sentencia judicial favorable a tres familias de 25 que se presentaron, esto se logra luego de un proceso de varios años.
“Para la Unidad es muy significativo este fallo por el gran esfuerzo que demandó todo el proceso y las agrestes características del lugar. Hicimos un equipo en conjunto con la Alcaldía municipal de Tuluá, en las actividades complementarias al proceso de restitución y hoy vemos con gran satisfacción la sentencia que reconoce y ampara los derechos de una víctima en el Valle del Cauca”, expresó Sergio Rodríguez, Director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en el Valle del Cauca.
La historia
En la vereda Santa Isabel, ubicada a dos horas del perímetro urbano de Tuluá, vive Lilia Esther Velandia de Gálvez, la segunda solicitante de este municipio en lograr una sentencia que reconoce y protege los derechos a la restitución y formalización de su predio.
Desde 1994 don Luis Felipe Gálvez, esposo de doña Lilia, adquirió un predio de 1 hectárea y 9200 metros cuadrados, denominado El Descanso. En aquella época todo era tranquilidad en este hogar conformado por los esposos, su nieto y una sobrina. Lamentablemente esa paz se vio interrumpida en septiembre de 1999, cuando grupos armados al margen de la ley irrumpieron en la zona alta de Tuluá, con el fin de perpetrar asesinatos, masacres y desapariciones en contra de la población civil, porque según ellos eran colaboradores de la guerrilla y milicianos (ya que meses atrás los subversivos también había hecho presencia en este lugar).
El accionar de estos grupos generó la muerte de unas 37 personas que fueron desmembradas, torturadas y asesinadas violentamente, razón por la cual se presentó el desplazamiento masivo de la zona, incluyendo el de la familia Gálvez hacia la ciudad de Bogotá, dejando todo lo que habían construido con tanto esfuerzo y esmero.
Tras la representación que la Unidad de Restitución de Tierras, territorial Valle del Cauca, realizó en nombre de esta familia, el Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras, ubicado en la ciudad de Buga, ordenó la entrega simbólica del predio a la solicitante, ya que ella retornó voluntariamente dos años después del abandono forzado.
Hoy, 7 meses después, doña Lilia Esther de 66 años, su nieto y su sobrina podrán disfrutar de la tierra que les perteneció, y aunque, ya sin la presencia de don Luis, ellos quedarán inscritos en la base de datos del Registro Único de Víctimas, por orden del juez.
Las órdenes del juez
Igualmente la sentencia ordena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, actualizar su base catastral teniendo en cuenta el predio de la víctima. Así mismo dictamina a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tuluá, inscribir el predio El Descanso en el folio de matrícula, anotando que fue formalizado a nombre de la señora Lilia Esther Velandia de Gálvez.
Por otro lado, el municipio de Tuluá y su oficina asesora de planeación deberá adelantar las medidas necesarias para la protección, amortiguación, disminución y eliminación de los riesgos que se presentan por remoción de masa e inundación, respecto al predio. También deberá promover programas de condonación de servicios públicos a favor de la víctima restituida y garantizar la cobertura de asistencia en salud.
A su vez, el departamento del Valle, a través de la Secretaria de Agricultura y Pesca, junto con el Incoder y la Secretaría de Agricultura del municipio de Tuluá, deberá implementar proyectos productivos integrales, acordes con la vocación del suelo en la zona.
El Ministerio de Protección Social deberá ingresar a la señora Lilia y su núcleo familiar en el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Unidad de Víctimas, deberán ingresar a la familia restituida a los programas de formación y capacitación técnica sin ningún costo.
La Fuerza Pública deberá adelantar un estudio de orden público de Puerto Frazadas. Y, en general, las entidades competentes, deberán brindar los derechos a subsidios y mejoramiento de vivienda.
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